Una nueva polémica rodea al activista Franklin Alberto Coral (conocido como ‘Beto’ Coral en el entorno digital) tras su regreso al país, luego de que se revelase este domingo que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le otorgó un esquema de seguridad de manera, a pocos días de ser deportado desde Estados Unidos.
La situación fue denunciada por sectores públicos y sindicales, que cuestionan la legalidad del procedimiento administrativo y la ‘celeridad’ con la que la UNP otorgó el esquema de seguridad, solicitado por el Ministerio del Interior.
Coral llego al Colombia el pasado jueves 16 de julio tras ser deportado por las autoridades migratorias estadounidenses, luego de permanecer por 11 años en el país norteamericano.
El mismo Coral y fuentes allegadas al activista habían señalado que su deportación se produjo voluntariamente, luego de renunciar a su solicitud de asilo político en ese país, un trámite que mantenía vigente desde el año 2016 tras ingresar en 2015.
No obstante, Franklin Alberto Coral había sido detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos en medio de actividades aparentemente de proselitismo político en territorio estadounidense, en medio de la reciente campaña a la Presidencia de Colombia,
El propio presidente Gustavo Petro había confirmado en su momento el arribo de Coral en un vuelo destinado a connacionales deportados procedentes de Estados Unidos.
Pero en las últimas horas se hizo pública la entrega de un esquema de protección individual para garantizar la integridad física del activista, lo que desató la polpemica y la controversia.
Sindicatos, como el de la UNP, y sectores políticos de oposición cuestionaron las condiciones en las que presuntamente se gestionó el beneficio.
¿Hay irregularidades en estudios de riesgo? Esto denuncia Sindicato de la UNP
Uno de los primeros en advertir sobre la situación fue el Sindicato de Trabajadores de la UNP, que reveló que a ‘Beto’ Coral se le asignó un «esquema de seguridad exprés».
Advirtió que el procedimiento se se habría ejecutado sin haberse cumplido los requisitos y protocolos estipulados para la asignación de medidas de protección a ciudadanos en condición de vulnerabilidad.
De acuerdo con lo denunciado por voceros del sindicato, en este momento «no se conoce la resolución con el estudio de riesgo» por el que obligatoriamente deben pasar todos los protegidos bajo el amparo de esta institución del Estado.
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