Patricia Durán Carrasco
Según las conclusiones del informe ‘La Incapacidad Temporal en España: diagnóstico, desafíos estructurales y propuestas de reforma’, impulsado por la Fundación Economía y Salud y presentado este viernes en su sede, el gasto en la incapacidad temporal por contingencias comunes alcanzó en 2025 los 33.000 millones de euros, un 14% más que en 2024 y más de un 60% de incremento en la última década. El libro analiza en profundidad el impacto económico, sanitario y social de esta prestación con el objetivo de abordar “críticamente” el modelo actual de gobernanza y gestión, y generar propuestas de reforma estructural. Estás reformas deben integrarse en las dimensiones de sostenibilidad financiera, eficacia clínica y equidad social.
El presidente de la fundación, Alberto Giménez, puso en valor el informe resaltando “las propuestas de reforma que contiene, la hoja de ruta a corto y medio plazo para llevarla a cabo a través de cinco decisiones clave a tomar por políticos y administrativos”. La hoja de ruta propone una transición progresiva y verificable, sustentada en la cooperación entre las administraciones, el sistema sanitario, los agentes sociales y las empresas. Respecto a las medidas, se centran en una gobernanza integrada, proteger sin cronificar, renta sin incentivos, equidad eficiente y corresponsabilidad.
El gasto en la incapacidad temporal se ha incrementado más de un 60% en la última década
“La incapacidad temporal no es un trámite administrativo, sino un pilar del estado de bienestar”, matiza el Dr. Vicente Pallarés Carratalá, coordinador del Informe y vocal Junta Directiva Nacional de Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). El Dr. Pallarés señala que, en el contexto actual, existen nuevos tipos de incapacidades, siendo la salud mental la más complicada de diagnosticar y de tratar. Asimismo, la aparición de nuevos entornos de trabajo o la transformación demográfica son algunos de los factores que han favorecido al cambio de la definición de enfermedad.
En este sentido, Daniel García Sánchez, subdirector General de Incapacidad Temporal, prestaciones no contributivas y otras prestaciones del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), manifiesta que “no se puede tratar la incapacidad temporal de la misma manera que hace unos años, ya que ha cambiado los tipos de trabajo y las enfermedades”. Idea que ha reflejado el Dr. Vicente Martín Sánchez, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de León: “Estamos ante un modelo rígido y obsoleto que no responde a la situación real, hay que modernizar la gestión de la incapacidad temporal”. Dicha modernización pasa por mantener una balanza entre la protección de la persona y la sostenibilidad del sistema.
La incapacidad temporal es un pilar del estado de bienestar, no un trámite administrativo
El informe también destaca varios problemas. Por un lado, establece que no se puede confundir el absentismo laboral con la incapacidad temporal, ya que son conceptos diferentes. Por otro lado, “existe un fraude en la incapacidad temporal y en todas las prestaciones, un hecho que no se puede ocultar. Sin embargo, se debe realizar un seguimiento más exhaustivo para que la incapacidad temporal no sea un beneficio sino un derecho”, destaca Enrique Cabero Morán, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León (Cescyl). “Quien defrauda está privando el derecho a obtener esa prestación a otras personas que sí lo necesitan”, concluye.
Por su parte, Purificación Morgado Panadero, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca y profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, pone el foco en el papel de los médicos de atención primaria, los cuales desconocen las funciones de los trabajadores en su puesto de trabajo, lo que impide estipular el mejor abordaje para la incapacidad. Asimismo, “el número de inspectores es insuficiente, por lo que los procesos se alargan en el tiempo afectando a la producción y elevando los costos”. Por último, el INSS es el encargado de pagar las prestaciones y responsable del seguimiento en los procesos más largos, aumentando los tiempos de la incapacidad temporal.
Algunos de los problemas a los que se enfrenta la incapacidad temporal son el fraude, la falta de inspectores y el desconocimiento de los médicos de atención primaria sobre la labor del trabajador en su puesto de trabajo
Esta situación provoca que el sistema esté congestionado, en parte a la falta de claridad en las competencias entre los actores que intervienen. “Se requiere de un pacto en la gestión de materia de seguridad, un pacto que integre los nuevos riesgos psicosociales, así como la homogeneización de los criterios de las bajas”, comenta Morgado.
“Hablamos de un derecho colectivo y de interés público; es un elemento inevitable de cohesión social. No es un conflicto entre empresas y trabajadores, sino de un problema a nivel nacional que requiere de un pacto”, señala Yolanda Valdeolivas García, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid y ex-secretaria de Estado de Empleo. Valdeolivas considera que en España no hay un sistema sólido, “tenemos un sistema ineficaz y débil porque no protege al paciente con eficacia”, concluye.
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