Un juez ordenó frenar temporalmente el proceso de contratación de escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), luego de admitir una acción de tutela presentada por un trabajador de la entidad que cuestionó las condiciones de la convocatoria.
La decisión afecta el proceso PSA-UNP-054-2026, cuyo valor supera los 78.000 millones de pesos y que buscaba contratar los servicios de seguridad para diferentes zonas del país. La suspensión se mantendrá mientras se revisan los argumentos expuestos en la acción judicial.
El escolta que interpuso la tutela señaló que la convocatoria inicialmente contemplaba varias zonas de operación, pero posteriormente fue limitada únicamente a los territorios uno y dos, situación que, según su denuncia, habría generado un trato desigual frente a otros trabajadores vinculados al programa de protección.
De acuerdo con el documento presentado ante el juez, cerca de 3.500 escoltas podrían verse afectados por la modificación del proceso, debido a la incertidumbre sobre la continuidad de sus empleos y las condiciones laborales.
El accionante aseguró que la Unidad Nacional de Protección no presentó explicaciones suficientes sobre las razones técnicas, jurídicas y administrativas que llevaron a cambiar el alcance de la contratación, por lo que pidió revisar si se vulneraron derechos como la igualdad, el trabajo y el debido proceso.
Dentro de las solicitudes hechas al despacho judicial está que la UNP entregue los estudios que respaldan la convocatoria y que cualquier decisión sobre la contratación esté sustentada en criterios objetivos y verificables.
La tutela fue presentada por un escolta de la entidad y posteriormente se conoció luego de las alertas públicas realizadas por el presidente electo Abelardo de la Espriella sobre el proceso de contratación.
Mientras avanza el análisis de fondo del caso, la UNP no podrá adjudicar el contrato cuestionado. La entidad deberá responder ante las autoridades judiciales y explicar las condiciones bajo las cuales estructuró la convocatoria.
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