J.P.R.
Con el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias ya aprobado, la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) trabaja ya en la elaboración de las guías metodológicas que serán adoptadas por el Consejo de Gobernanza. La normativa le da un plazo de un año pero la agencia se ha encontrado con trabas considerables. Por un lado, la falta de recursos humanos; por otro, la capacitación y la formación del personal. «Estamos pendientes de una reforma muy importante», ha explicado la directora de la Aemps, María Jesús Lamas, durante el curso de verano El valor social en el nuevo marco de evaluación de tecnologías sanitarias, organizado por la Universidad Complutense de Madrid y la compañía farmacéutica Roche.
El sistema actual «se sostiene con un 70% de profesionales y funcionarios del grupo A1 del nivel más bajo. Es complicado fidelizarlo y que adquieran el conocimiento si tenemos una capacidad de atracción baja en comparación con cualquier otra institución similar», ha argumentado Lamas. En los últimos dos años, la agencia se ha topado con dificultades para cubrir la oferta de empleo público necesaria para afrontar la nueva situación generada por el real decreto. Incluso en ocasiones las plazas han quedado desiertas.
Ante esta situación la agencia trabajará con colaboradores externos que permitan «ir creando la estructura en los primeros años de aplicación de este real decreto», ha añadido Lamas. Con estas trabas, el objetivo es la elaboración de «un documento pragmático que ayude a la toma de decisiones. Podemos complicarlo, pero de lo que se trata es de hacer un esfuerzo proporcional a lo que se necesita», ha subrayado Lamas.
Una de las trabas que identifica la Aemps para aplicar el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias es la fidelización de los profesionales
El director general de Cartera y farmacia del Sistema Nacional de Salud, César Hernández, ha puesto en valor la importancia de esta normativa: «Es una pieza más que trata de dar fiabilidad y estabilidad a u proceso importante», ha señalado. Hernández ha identificado otro problema. Hasta ahora tanto en España como en la Unión Europea se ha venido trabajando «en silos». Ante esta situación ha reclamado mayor colaboración entre los diferentes agentes implicados.
Daniel-Aníbal García de Diego, miembro de la Comisión Ejecutiva del CERMI y secretario de Finanzas de Cocemfe, ha destacado la relevancia de apostar por un «modelo transparente». Asimismo, ha apostado por la necesidad de incorporar la voz de los pacientes. En este sentido, ha pedido una mayor colaboración. «Los pacientes aceptan un fármaco por mayor conveniencia que por eficacia. Estamos trabajando en silos. Empezar a evaluar de una manera mas integral y financiar de manera integral».
El problema de la equidad
Lamas ha destacado la importancia de la normativa para hacer frente al problema de la inequidad en el acceso. La subdirectora general de Farmacia y Productos Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), María José Calvo, ha ahondado en la necesidad de unas guías prácticas que «ayuden en la toma de decisiones». Con el Real Decreto de Precios y Financiación en consulta pública, Calvo ha solicitado «que se cuente con las comunidades autónomas en la evaluación, en el posicionamiento y en la toma de decisiones».
Calvo insistió en que esos informes finales deben ayudar «a una toma de decisiones homogénea» entre todas las regiones. Una propuesta que no compartió el director general de Cartera. «Hacemos un flaco favor a la equidad si todos tenemos hacer lo mismo. La equidad consiste en que todos tengamos los mismos resultados en salud», ha señalado.
En esta línea, Hernández había lanzado ya otro aviso frente a los problemas de sostenibilidad que atraviesa el Sistema Nacional de Salud. «Es un ejercicio en el que no podemos hacernos trampas al solitario. Puede ser que un medicamento sea eficaz y venga avalado y tengamos que decir que no se puede pagar».
Ante estos tratamientos de alto coste, Lamas ha destacado que se realizará «un juicio de valor en la oficina de evaluación sobre el valor clínico que aporta el medicamento, pero esto no implica una recomendación de financiación» aunque se recomiende su incorporación a la cartera.
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