Redacción
La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para la creación del Registro de Personas Objetores de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE). Es una medida que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso había bloqueado durante meses y que finalmente ha tenido que activar por imperativo legal. La Consejería de Sanidad ha publicado en su Portal de Transparencia el Proyecto de Orden que regula este registro. Así, se abre un periodo de treinta días hábiles para la presentación de alegaciones.
Madrid mantiene su rechazo frontal al registro de objetores porque lo considera un «señalamiento» de los profesionales sanitarios
Este paso administrativo no responde a un cambio de estrategia del Gobierno autonómico. Responde al cumplimiento estricto de la medida cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El tribunal, al estimar la petición de la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de Sanidad, ordenó a la administración madrileña poner en marcha el registro de objetores ante la situación de inactividad administrativa que contravenía la Ley Orgánica 1/2023. La norma establece en su artículo 19.ter la obligación de crear este listado de profesionales que ejercen su derecho a la objeción de conciencia.
La obligatoriedad del registro quedó refrendada el 16 de diciembre de 2024, fecha en la que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó por unanimidad —con el voto favorable de todas las comunidades autónomas— un protocolo de coordinación vinculante para todas las administraciones sanitarias. A pesar de este consenso técnico previo, el Ministerio, encabezado por Mónica García, ha mantenido una posición beligerante frente a la gestión de Díaz Ayuso. Tras un requerimiento formal y ante la falta de respuesta, el Gobierno central presentó un recurso contencioso-administrativo que ha derivado en la actual situación. La ministra ha advertido reiteradamente a la presidenta madrileña de que la negativa a cumplir las resoluciones judiciales podría acarrear responsabilidades penales graves. Entre ellas se incluye la inhabilitación para ejercer cargo público, en aplicación del artículo 410 del Código Penal.
Mónica García ha mantenido una posición beligerante frente a la gestión de Díaz Ayuso por el registro de objetores
Desde la Comunidad de Madrid defiende que la prestación de la IVE está plenamente garantizada en su red pública. La Consejería de Sanidad confirma que está garantizado a través de mecanismos de organización interna y derivaciones a centros autorizados. Los servicios jurídicos autonómicos han argumentado que la creación del registro es una medida organizativa que requiere un desarrollo reglamentario cuidadoso. Han cuestionado la urgencia de la medida cautelar, que consideran una anticipación prematura del resultado del proceso judicial principal.
En este complejo escenario, la posición de Isabel Díaz Ayuso se mantiene inalterable. La presidenta regional ha denunciado en reiteradas ocasiones lo que califica como una imposición ideológica que busca marcar a los facultativos. El Gobierno madrileño insiste en el uso de su capacidad de autoorganización, reconocida en su Estatuto de Autonomía. Para la administración debe primar para salvaguardar la libertad de sus médicos.
Ayuso denuncia una imposición ideológica que pretende señalar a los médicos que ejercen su derecho a la objeción de conciencia
Ayuso ha sido contundente al expresar su rechazo personal a la medida. Ha asegurado que no se prestará a perseguir a quienes decidan no intervenir en el aborto. «Yo no voy a señalar a nadie ni por abortar ni por dejar de hacerlo, pero tampoco a aquellos médicos que no quieran hacerlo«, ha reiterado la presidenta, insistiendo en que seguirá defendiendo «con la Constitución en la mano» la libertad de objeción frente a lo que denomina un «negocio» del aborto. Ha prometido que su gobierno seguirá garantizando la prestación del servicio sin vulnerar el derecho de conciencia de los facultativos.
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