Comenzó a generar controversia política la revelación que se hizo en las últimas horas sobre la suscripción de un contrato por 10.000 millones de pesos por parte de la Presidencia de la República con una firma internacional, para asesorar y posiblemente defender al presidente Gustavo Petro tras su inclusión en la lista Clinton.
La representante a la Cámara Katherine Miranda elevó una solicitud formal a los órganos de control para que adelanten las indagaciones respectivas.
“Radicamos formalmente una solicitud ante la Contraloría y ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue el contrato por 10.000 millones de pesos suscrito para la defensa del presidente Gustavo Petro frente a un proceso personal relacionado con la llamada lista Clinton”, indicó.
“Este servicio jurídico, que según el abogado Daniel Kovalik era gratuito, terminó convirtiéndose en un contrato multimillonario a su firma de abogados financiado con los impuestos de todos los colombianos, sin que exista hasta ahora una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía ni el procedimiento de contratación”, afirmó.
La congresista advierte que los recursos públicos no se pueden utilizar para defender intereses personales del presidente de la República y “menos aún en procesos que no representan un interés general del Estado”.
“Por eso solicitamos que se investigue si aquí pudo haberse configurado un detrimento patrimonial, violación a los principios de la contratación pública y eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales como peculado o contratación irregular. Colombia merece transparencia”, aseguró.
La senadora María Fernanda Cabal también lanzó duros cuestionamientos a este contrato, cuando en principio se había dejado claro que la asesoría del abogado Daniel Kovalik sería gratuita. “¿Por qué decidieron hacer contrato con el abogado por 10.000 millones de pesos?”, se preguntó la legisladora.
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