La Fiscalía General de la Nación capturó a cuatro funcionarios activos de la Policía Nacional, dos agentes del CTI y tres exfuncionarios de la Sijin y del Inpec que hacían parte de una red de corrupción judicial que exigía entre 400 y mil millones de pesos para direccionar procesos de extinción de dominio y de lavado de activos.
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