Redacción
El Consejo General de Dentistas de España ha reclamado que se hagan públicas las razones por las que el Gobierno decidió rescatar a la cadena de clínicas Vivanta con 40 millones de euros de dinero público, así como los criterios utilizados para considerarla una empresa «estratégica».
La organización colegial también pide explicaciones sobre las prórrogas concedidas para devolver este préstamo hasta julio de 2028, una situación que, según señala, no han tenido a su alcance miles de clínicas dentales y profesionales autónomos. El Consejo recuerda además su actuación «firme y continuada» en relación con los casos de iDental y Vivanta, dos situaciones que han tenido un fuerte impacto en la profesión odontológica y que, en el caso de iDental, también ha afectado a miles de pacientes.
En este sentido, recuerdan que cerca de ocho años después del cierre de iDental, muchos pacientes afectados todavía no han recibido una solución a sus problemas bucodentales ni han recuperado el dinero de sus tratamientos sin finalizar.
La organización también lamenta que todavía no se haya aprobado una ley estatal de publicidad sanitaria que regule los mensajes difundidos en este ámbito y garantice que la información sea clara, veraz y basada en la ética y el conocimiento científico. Asimismo, considera preocupante que la Administración no haya adoptado medidas para evitar que se repitan situaciones similares a la de iDental, lo que, a su juicio, deja abierta la posibilidad de que casos de este tipo puedan volver a producirse.
La organización denuncia un agravio comparativo con miles de clínicas dentales que afrontaron la pandemia sin ayudas públicas
Desde el inicio del caso, el Consejo defiende la actuación que ha llevado a cabo. Está personado en la causa judicial seguida ante la Audiencia Nacional como acusación popular para contribuir al esclarecimiento de los hechos, coordinó actuaciones con los Colegios Oficiales de Dentistas en todo el territorio nacional, publicó información con directrices para los pacientes afectados; y trasladó a las autoridades sanitarias y de consumo la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre determinadas estructuras empresariales en el ámbito sanitario.
El rescate de Vivanta
En cuanto a la situación de Vivanta, el Consejo recuerda que a finales de 2021 la compañía, propiedad de un fondo de capital riesgo, solicitó a la Sepi un préstamo de 40 millones de euros. Esta petición fue aprobada por el Gobierno al considerar a la empresa como estratégica, aunque nunca se han hecho públicas las circunstancias que motivaron esa calificación.
El Consejo General de Dentistas se mostró contrario a esta decisión, ya que el rescate público supuso, a su juicio, un «agravio comparativo» respecto a miles de clínicas dentales que continuaron prestando asistencia sanitaria durante la pandemia con recursos propios y asumiendo endeudamiento.
El Consejo General de Transparencia reconoció el “elevado interés público” de conocer la justificación del rescate
En mayo de 2023, el Consejo General de Transparencia estimó el recurso presentado por el Consejo General de Dentistas frente a la resolución de la Sepi que denegaba el acceso a los informes y documentos en los que se basó la decisión de declarar a Vivanta como empresa estratégica.
Transparencia consideró “innegable” el elevado interés público en conocer la justificación de estas ayudas públicas. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, al que pertenece la Sepi, recurrió esta decisión, por lo que todavía no existe una sentencia al respecto. Además, Vivanta alcanzó un acuerdo con la Sepi para retrasar hasta julio de 2028 la devolución del rescate financiero de 40 millones de euros recibido en 2022.
Para el Consejo, esta situación supone “una clara situación de privilegio” frente a otras empresas y autónomos que no recibieron ayudas estatales y tuvieron que recurrir a préstamos privados en condiciones más exigentes. La organización subraya que su participación en estos procesos judiciales no tiene un carácter simbólico. «La personación del Consejo en estas causas es un compromiso con los pacientes afectados y con la dignidad de la profesión. Por tanto, seguirá exigiendo responsabilidades hasta el final en ambos casos«.
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