Redacción
El Parlamento Europeo ha respaldado este jueves una iniciativa para suspender temporalmente algunos aspectos de la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, ante la preocupación de que su aplicación pueda afectar a la disponibilidad de medicamentos en la Unión Europea.
La resolución reclama a la Comisión Europea que lleve a cabo un nuevo estudio independiente sobre los costes reales de la eliminación de microcontaminantes de las aguas residuales y sobre la contribución efectiva de los distintos sectores económicos a esa contaminación.
La resolución reclama a la Comisión Europea un nuevo estudio independiente sobre los costes de eliminar microcontaminantes de las aguas residuales y sobre la contribución de los sectores económicos a esa contaminación
Mientras se realiza ese análisis, los eurodiputados han pedido paralizar la aplicación de la denominada Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), mecanismo que obliga a la industria farmacéutica y cosmética a financiar la mayor parte del tratamiento avanzado de las aguas residuales.
La directiva establece que los sectores farmacéutico y cosmético deben sufragar al menos el 80% de los costes del denominado tratamiento cuaternario, una tecnología diseñada para eliminar microcontaminantes como residuos de medicamentos, antibióticos, hormonas o microplásticos presentes en las aguas residuales urbanas.
Sin embargo, la industria farmacéutica y cosmética han advertido durante los últimos años de que el modelo de financiación aprobado no refleja adecuadamente el origen de los contaminantes y podría tener consecuencias relevantes para la producción y el suministro de medicamentos en Europa.
La directiva establece que los sectores farmacéutico y cosmético deben sufragar al menos el 80% de los costes del tratamiento de aguas residuales
La Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (Efpia) ha celebrado la noticia. La organización ha defendido durante años que algunos elementos de la normativa no respetan plenamente los principios europeos de proporcionalidad, no discriminación y de «quien contamina paga», al atribuir prácticamente en exclusiva los costes del tratamiento avanzado a los sectores farmacéutico y cosmético.
La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) también ha valorado positivamente la resolución aprobada por la Eurocámara. La patronal de los genéricos sostiene que el actual sistema de responsabilidad ampliada del productor resulta especialmente problemático para los fabricantes de medicamentos genéricos, cuyos precios están regulados y operan con márgenes reducidos.
Elena Casaus (Aeseg): «Este debate no va de si la industria puede pagar. Va de si Europa puede permitirse perder medicamentos esenciales»
«Este debate no va de si la industria puede pagar. Va de si Europa puede permitirse perder medicamentos esenciales», afirmó la secretaria general de Aeseg, Elena Casaus Lara. «La sostenibilidad medioambiental no puede construirse a costa de la sostenibilidad del sistema sanitario. Sin medicamentos accesibles no hay política pública que funcione», añadió Casaus.
Para la directora general de EFPIA, Nathalie Moll, «el resultado de hoy supone un paso en la dirección correcta y será bien recibido por todas las empresas que trabajan en la industria farmacéutica basada en la investigación en Europa».
Moll subrayó que la realización de un análisis independiente permitirá determinar con mayor precisión qué sectores contribuyen a las emisiones de microcontaminantes y cómo deben repartirse los costes asociados a su eliminación. «La industria farmacéutica ha manifestado claramente su apoyo a la directiva, siempre que se aplique de forma justa y proporcionada«, señaló.
Nathalie Moll (Efpia): «La industria farmacéutica ha manifestado claramente su apoyo a la directiva, siempre que se aplique de forma justa y proporcionada«
Desde EFPIA advierten además de que la asignación exclusiva de estos costes a la industria farmacéutica y cosmética podría afectar a las cadenas de suministro, limitar la capacidad de fabricación e innovación en Europa y repercutir finalmente en el acceso de los pacientes a los medicamentos.
La Comisión Europea deberá ahora valorar la petición de la Eurocámara y estudiar la realización del análisis independiente solicitado antes de decidir los próximos pasos sobre la aplicación de la normativa.
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